Crearán en Neuquén un Comité Provincial Contra la Tortura

Se resolvió tras aprobarse, por unanimidad, el despacho que crea el órgano en la jurisdicción. Será autárquico y tendrá autonomía funcional.

La provincia de Neuquén tendrá su propio Comité Contra la Tortura y otros tratos indignos. Así lo resolvió hoy la comisión de Derechos Humanos que preside el diputado Gabriel Romero tras aprobar, por unanimidad, el despacho que crea el órgano en la jurisdicción.

El proyecto original –presentado por distintos bloques políticos– fue modificado con aportes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Neuquén y de distintos legisladores.

Del debate de esta mañana participó la referente Noemí Labrune, junto a abogados y abogadas de la Asociación Pensamiento Penal, quienes celebraron la aprobación del texto. El despacho continuará su tratamiento en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia (A) y de Hacienda y Presupuesto (B).

La diputada Ayelén Gutiérrez (FpV) explicó los principales cambios que se le hicieron a la redacción original presentada a fines del año pasado, entre los que figuran la designación de los integrantes del Comité –que se amplió de 10 a 12–, la vigencia en el cargo –ampliada de dos a cuatro años– y la remuneración –que será optativa–.

La propuesta implicó el pronunciamiento de todos los bloques políticos en la reunión de hoy, manifestando la adhesión a la iniciativa; así como también de Noemí Labrune, quien aseguró que la creación del Comité implica “transformar en acción la Declaración Universal de los Derechos Humanos”.

El Comité provincial contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes –creado en el marco de lo establecido por la Constitución Provincial, la Ley Nacional N°25.932 y las normas de la ONU– será autárquico y tendrá autonomía funcional, por lo que no podrá recibir órdenes ni directivas de ninguna otra autoridad.

La composición del Comité será de doce integrantes, cinco con función administrativa y siete con funciones ejecutivas. De estos últimos, cinco serán designados a partir de postulantes propuestos por organizaciones de Derechos Humanos y dos por las dos primeras fuerzas con representación en la Legislatura.

La ciudadanía podrá hacer observaciones y/o impugnaciones a las postulaciones en un plazo de 20 días desde la publicación de sus nombres en el Boletín Oficial.

Los integrantes tendrán un mandato de cuatro años, pudiendo ser reelegidos una sola vez, y podrán ejercer sus cargos en forma ad honorem o percibir una remuneración mensual con carácter de dedicación exclusiva, a excepción de las actividades académicas.

Los gastos que demande el funcionamiento del órgano serán previstos en el presupuesto anual de la Administración Pública provincial.

Entre las funciones del Comité figuran las inspecciones a lugares de detención con o sin aviso previo, con acceso irrestricto a todas las instalaciones; la recepción de denuncias por violaciones a la integridad psicofísica de las personas privadas de su libertad; realizar informes y denunciar a las autoridades pertinentes los hechos de tortura, entre otras. En cuanto a las atribuciones, se destacan la posibilidad de presentarse como querellante en causas judiciales vinculadas a la materia y promover acciones civiles y penales, incluyendo medidas cautelares ante los tribunales competentes.

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